La Corte en una demostración desafiante de poder frente al Ejecutivo nacional, ha avasallado la autoridad presidencial, en un acto sin precedentes, provocando una grave afectación al Estado de Derecho, habilitando, con su fallo, a poner en riesgo la vida y la salud, de toda la comunidad. Lo que está hoy en juego es el derecho a la vida, para cuya garantía y protección, se requiere la adopción de medidas de política sanitaria integral, tendientes a evitar por todos los medios posibles la propagación de la pandemia, lo que dicho sea de paso, no reconoce jurisdicción en su expansión. Disminuir el riesgo no es “probar” qué pasa si exponemos a la comunidad educativa al posible contagio, es, por el contrario, adoptar medidas cuyo resultado está probado, así como evitar el riesgo y el daño de toda la comunidad. Hay Estado de derecho cuando los derechos humanos gozan para su ejercicio de las garantías constitucionales, correspondiendo al poder judicial ser el ejecutor de las garantías, restituyendo derechos en caso de vulneración. El poder judicial, actuando con clara intencionalidad política, se ha sustraído de su función esencial, dejando desprotegidos a docentes, no docentes, alumnos y padres, a quienes incluso se los amenaza cuando optan por desconocer la política dispuesta por la ciudad en materia de presencialidad educativa, como si no existiera el sano recurso de la virtualidad para garantizar la continuidad pedagógica, cuidando la salud. La mezquindad política y humana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, echó mano al “derecho a la educación” para burlar una decisión del poder ejecutivo nacional, adoptada en el marco de su competencia, tendiente a garantizar el derecho a la vida y la salud, condición ésta ineludible para el ejercicio de todos los demás derechos.
Apoyamos a toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos aires, en su lucha sostenida, por la defensa de los derechos humanos.
Lía Méndez
Humanizar, Instituto de Políticas Públicas.